La campaña por la libertad del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), es uno de los puntos clave para la recuperación del Estado democrático de Derecho en Brasil, según João Pedro Stedile, uno de los coordinadores nacionales del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
Stedile estuvo en Curitiba este lunes (12) para una reunión del Comité Nacional Lula Libre, que está compuesto por los Frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, además de diversos movimientos sociales y partidos políticos.
Después de la reunión, el dirigente sin tierra visitó la Vigilia Lula Libre acompañado de la presidenta nacional del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, de la jurista Carol Proner y del presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto. En el análisis de Stedile, el ex presidente Lula fue encarcelado por representar un proyecto político alineado a la clase trabajadora y contrario a los intereses de la elite nacional.
“Quien está preso ahí [en la Superintendencia de la Policía Federal, en Curitiba], no es Lula, persona física. Él solo está 'pagando el pato'. Quien está presa ahí es la izquierda brasileña, la clase trabajadora brasileña, es el PT y todos los partidos”, afirma.
El dirigente del MST pone la prisión de Lula en la línea de tiempo del golpe de Estado que sacó a Dilma Rousseff (PT) de la presidencia de la República en 2016. Para él, las élites brasileñas, al no conseguir la validación popular de su proyecto en las elecciones de 2014, han puesto en práctica una estrategia para la toma del poder político. La candidatura de Lula a la presidencia en 2018, en ese escenario, representó la amenaza de que un proyecto popular volviera al poder en Brasil.
“Eso nos lleva a madurar que, de aquí en adelante, la salida de Lula no es una cuestión jurídica. Claro que vamos a golpear en todas las puertas, usar todos los mecanismos. Sin embargo, ahora, de aquí en adelante, la izquierda, el PT, Lula solo van a ser liberados de este secuestro político si nosotros hacemos un gran movimiento de masas, que el pueblo exija su liberación”, explica Stedile.
Entre las estrategias para desarrollar estos movimientos de masa, la prioritaria es realizar acciones de concientización del pueblo, en diversos ambientes sociales, sea en las calles, en las universidades, en las periferias o en las iglesias.
Crisis institucional
Representando a la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia, Carol Proner criticó la nominación del juez Sergio Moro, responsable por los procesos de la Operación Lava Jato, al Ministerio de Justicia del gobierno de Bolsonaro.
Según el propio juez, las conversaciones para que él integrase el gobierno del presidente electo comenzaron antes de la segunda vuelta de las elecciones, en octubre, a partir de una reunión con el futuro ministro de Economía, Paulo Guedes. Para Proner, que Moro esté haciendo articulaciones políticas mientras aún ejerce su función de juez, demuestra una “grave crisis institucional” en el país.
“Eso quedó realmente muy feo para la imagen del sistema judicial. No es solo un juez en particular. Es un juez que no respeta el principio de imparcialidad, que es un principio que tiene que ser respetado en cualquier realidad, en cualquier relación de poder, no solo en el sistema judicial. ¿Cómo va a ser ministro parcial, ahora? ¿Va a escoger cuales son las personas que va a privilegiar en el Ministerio de Justicia, si él ya no era parcial mientras era juez?”, cuestiona la jurista.
La proyección es que iniciativas como el Comité Nacional Lula Libre sean organizadas a nivel de los estados, para fortalecer las estrategias de movilización en pro de la libertad de Lula en diferentes regiones de Brasil.
