El presidente Jair Bolsonaro (sin partido) creó un presupuesto paralelo con cerca de R$ 3.000 millones en enmiendas parlamentarias [recursos presupuestarios extra que el Ejecutivo distribuye a los congresistas], a finales de 2020, para obtener el apoyo del "centrão" en el Congreso. Una nota divulgada por el diario Estado de S.Paulo revela que el esquema incluyó la compra de tractores y maquinaria agrícola por valores de hasta 259% por encima del precio de referencia en el mercado. Los datos fueron encontrados en 101 comunicaciones enviadas por diputados y senadores al Ministerio de Desarrollo Regional.
Las comunicaciones, conseguidas por el diario en los últimos tres meses, demuestran que ese esquema también viola las leyes presupuestarias, ya que son los ministros y no los parlamentarios quienes deberían definir cómo se aplican esos recursos.
Los acuerdos y el destino del dinero no fueron conocidos públicamente, al igual que el reparto no fue igualitario entre los congresistas, evidenciando un interés electoral por parte del gobierno.
Por ejemplo, el senador por el estado de Amapá Davi Alcolumbre, miembro de la llamada bancada ruralista, determinó la aplicación de R$ 277 millones de fondos públicos sólo del Ministerio de Desarrollo Regional, asumiendo el papel del ministro Rogério Marinho. Si tuviera que liberar el dinero a través de los medios convencionales, el ex presidente del Senado tardaría 34 años, ya que cada parlamentario tiene derecho a destinar sólo R$ 8 millones al año.
Alcolumbre destinó R$ 81 millones a la Compañía de Desarrollo de los Valles de São Francisco y Parnaíba (Codevasf), una empresa estatal bajo su control.
Los documentos también muestran que el senador asignó R$ 10 millones para obras y compras fuera de Amapá. La maquinaria se destinaría a los municipios para ayudar en las obras viales en las zonas rurales y vías urbanas y también en los proyectos de las cooperativas de agricultura familiar en Paraná.
Sin cuestionar, el gobierno aceptó comprar las máquinas por R$ 500.000, cuando el precio de referencia correspondía a R$ 200.000.
En las redes sociales, los s comenzaron a denunciar que no se trata de un presupuesto paralelo, sino de un esquema que el presidente de la República utilizó para comprar el apoyo de los parlamentarios.
